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“DEFENSORES Vs DEFENDIDOS”
HACIA UNA CONCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS
HUMANOS EN COLOMBIA
Miryam Restrepo Campuzano
Al momento de escoger un tema para realizar
este ensayo, siempre estuvo en mi mente la situación de acoso que padecen los
Defensores de Derechos Humanos, considero que son hechos de los que poco se
habla, además de sentir admiración por quienes realizan la labor de abogar de
manera conjunta y paralela los derechos humanos.
En el presente escrito se abordará la
situación actual de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.
No se puede desconocer que Colombia es un país que se ha situado a la cabeza de los Estados
violadores de los Derecho Humanos, cada día persiste con más fuerza un
conflicto que se arrastra desde hace más de 40 años y que alcanza niveles altos
de violencia contra la población civil, dirigida desde las estructuras del
Estado y amparada por la absoluta impunidad con que actúan grupos paramilitares,
guerrilleros y fuerza pública.
En este
contexto de conflicto, tristemente hay que reconocer que las infracciones al
Derecho Internacional Humanitario por parte de todos los actores armados, se
han convertido en una de las tácticas de guerra, donde sobresale en estos años
la responsabilidad de los grupos paramilitares. No es extraño, por tanto, que en tal contexto
aquellos(as) que trabajan por defender los derechos humanos se conviertan
ellos(as) mismos(as) en víctimas de la violencia.
Lamentablemente, la acción estatal para
proteger a estos activistas de derechos humanos ha sido limitada e
insuficiente. Vemos un Estado inoperante, que persigue y desaparece a defensores de
derechos humanos, ataca ONG y desconoce normas y leyes que han sido creadas
para defender a las personas de la opresión y el abuso que otros cometen en su
contra.
Por su parte, la guerrilla ha
desconocido el principio de distinción y de proporcionalidad, poniendo así en
peligro a la población. Personas civiles han muerto en el fuego cruzado y en el
uso frecuente de minas antipersonas, además, de la destrucción de viviendas
luego de incursiones guerrilleras de carácter indiscriminado.
Para
analizar esta situación, es importante hacer un recorrido desde el nacimiento
de los Derechos Humanos hasta nuestros días:
Trayectoria del Movimiento de Derechos
Humanos en Colombia.
a)
Primera etapa: confrontación contestataria.
Los movimientos
de Derechos Humanos en Colombia, surge a comienzos de los años 70, en una
relación de conflictos abiertos con el Estado que se centra en la denuncia, la
confrontación y la educación ante las violaciones de derechos cometidos por
agentes estatales. Se da inicio a las
primeras ONG (Organizaciones No Gubernamentales), provenientes del movimiento
popular y democrático de activistas, sindicales y de oposición con una
actividad adelantada a través de foros nacionales e internacionales.
El
conflicto armado interno que prevalece, se originó cuando se registraron
huelgas obreras, tomas de tierra, protestas estudiantiles y paros cívicos por
el derecho a los servicios públicos, la educación, la salud, la vivienda y se
constituyó en insurgencia. El Gobierno,
fue indiferente y dio una respuesta represiva, se restringieron las libertades
fundamentales, se otorgaron facultades al Poder Ejecutivo y se dieron poderes a
las fuerzas armadas para controlar el orden público, juzgamiento de civiles por
parte de autoridades militares, se adelantaron capturas sin orden judicial, se arrestaron
dirigentes sociales con resultados de detenciones arbitrarias y masivas,
torturas, restricciones a las garantías judiciales y al derecho al habeas corpus.
El 6
de septiembre de 1978, se adoptó el Estatuto de Seguridad, en el cual, se estableció
nuevas conductas delictivas, se impusieron penas de arresto, prisión y se
limitó la libertad de prensa, además, de dar vía libre para la implementación
de la “guerra sucia”. En este periodo se
utilizó el artículo 28 de la Constitución Nacional de 1886, que autorizaba la retención
administrativa de sospechosos contra el orden público hasta por 10 días.
Se
destacan en esta primera etapa actividades como la publicación del Libro Negro
de la Represión (1974), editado por el Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos, el debate en el Congreso por la denuncia de tortura a detenidos en
operaciones militares en Santander (1975), la campaña de acción urgente de
Amnistía Internacional por torturas y no atención médica a detenidos políticos y
la realización del 1er. Foro Nacional de Derechos Humanos (1978), en el cual se
denuncian las violaciones dentro del Estatuto de Seguridad y da lugar, en 1979,
a la creación del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
El
espacio público para las ONG, era precario, debido a que no contaban con
interlocución con las autoridades; el Estado no aceptaba los atropellos
denunciados y el tema de Derechos Humanos fue considerado como prohibido,
peligroso y subversivo, calificando a sus defensores como enemigos del Gobierno
y apátridas. Lo anterior, desconoció la
Legislación Internacional de la Protección de Derechos Humanos ante la visita
de Amnistía Internacional.
El
presidente de la época Julio César Turbay negó los hechos violatorios y su
ministro Hugo Escobar Sierra, señaló que amnistía Internacional violó la
soberanía nacional. Por su parte, esta
ONG recomendó la abrogación de leyes que desfavorecían a los civiles y luchó
por los derechos humanos en Colombia; por su parte, el Ejército Nacional se
defendía ante las acusaciones y tildó las ONG de disociadoras.
b) Segunda etapa: El acceso a organismos
internacionales y la nueva actitud del Gobierno
Amnistía
Internacional, tiene estatus consultivo ante la ONU y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, sus informes alertaron sobre la grave
situación de los derechos humanos en Colombia.
Esta intervención propició esperanza en las ONG (Organizaciones No
Gubernamentales), que se decidieron presentar casos ante la OEA (Organización
de los Estados Americanos) y el Sistema Universal de las Naciones Unidas e
influyó para que el Gobierno Colombiano iniciara algunos cambios de actitud
frente al tema.
El
presidente Belisario Betancur (1982-1986), reconoció la existencia de abusos y
atropellos contra los Derechos Humanos en Colombia y abrió las expectativas
para una negociación con la guerrilla.
Su actitud frente a las ONG fue diferente “El país no toma en serio la
defensa de los derechos humanos”, dijo el Procurador. Los militares hablaron del “Síndrome de la
Procuraduría”, y señalaron que su intervención limitaba las acciones en este
periodo.
Paradójicamente
se disminuyeron los allanamientos y las detenciones forzadas pero aumentaron
las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales; el fenómeno paramilitar
se extendió y perpetuó los métodos de reprensión e impunidad, cosa que
dificultó más el trabajo de los Defensores de Derechos Humanos. Las ONG (Organizaciones No Gubernamentales),
buscaron pruebas materiales para superar la impunidad.
c)
Tercera etapa. La estatización del tema de los Derechos Humanos y la
deliberación con las ONG
Mediante
la Resolución 035 del 9 de septiembre de 1986, el entonces procurador General
Carlos Mauro Hoyos, creó la Comisión de Derechos Humanos de la Procuraduría e
invitó al Comité Permanente por la defensa de los mismos y a los Familiares de Detenidos
Desaparecidos ASFADDES, a hacer parte de ella.
La Comisión recibió casos y trabajó puntualmente en el tema.
Luego
del asesinato del Procurador Hoyos, asume la dirección Horacio Serpa Uribe,
quien amplió la participación de las Organizaciones No Gubernamentales y las
facultó para recibir quejas; también fueron invitados a participar del Comité
de Solidaridad con los presos políticos, la Corporación Colectivo de Abogados,
El Comité de Madres y Presos Políticos.
El
Gobierno Colombiano comenzó a recibir fondos de las Naciones Unidas por
servicio de asesoramiento técnico a través de las Organizaciones de las
Naciones Unidos ONU y la Organización de los Estados Americanos OEA, las cuales
dieron recomendaciones.
Al
finalizar el período presidencial de Virgilio Barco, el procurador Alfonso
Gómez Méndez amplió el número de participantes y creó comisiones regionales. Este gobierno, aceptando la gravedad de la
situación y ante la presión de la comunidad internacional, creó la Consejería
Presidencial de Derechos Humanos, mediante el Decreto 2211 del 8 de noviembre
de 1987, como una instancia asesora del presidente en el diseño de políticas en
materia de Derechos Humanos.
Los defensores y defensoras de derechos
humanos son el núcleo del movimiento de derechos humanos en todo el mundo,
constituyen la base sobre la que se apoyan las organizaciones y los mecanismos
regionales e institucionales de derechos humanos; son “actores esenciales de
nuestro tiempo”, la voz de los que no tienen voz, instrumentos vitales para
salvaguardar los derechos de las víctimas y de la sociedad en general (Amnistía
Internacional, 2003).
En Colombia los movimientos sociales
buscan recuperar el espacio público y el de la ciudadanía, en un contexto donde
el Estado bipartidista es débil a la vez que excluyente, donde los conflictos
sociales se han desbordado y la violencia ha llegado a límites insospechados.
Parte de estos movimientos sociales, el movimiento de los Derechos Humanos
enfrenta diversos obstáculos: conflicto armado interno, paramilitarismo,
impunidad, desplazamiento forzado, que dificultan el desarrollo de su labor.[1]
Se entiende por
Movimiento Social aquellas acciones sociales colectivas, más o menos
permanentes, orientadas a enfrentar injusticias, desigualdades ó exclusiones,
es decir, que denotan conflictos y que tienden a ser propositivas. Todo ello en
contextos históricos.[2]
Estos
líderes representan una posibilidad de trabajar en la construcción de una
democracia real y plantean soluciones como una forma de disminuir conflictos
frente a los abusos de poder del Estado y su dinámica; enfrentado dos
obstáculos considerables: recortes y limitaciones presupuestales y por otro
lado, los riesgos que implican para la vida de los activistas. A pesar de éstas dificultades cuyas consecuencias
son devastadoras, han logrado movilizar a la opinión pública, obtener
protección y colaborar en importantes desarrollos legislativos, incidir en la
sensibilización y denunciar la situación de derechos humanos en nuestro
territorio.
El
movimiento de los Derechos Humanos comporta en su accionar los tres principios
básicos de todo movimiento social: [3]La identidad, es decir, la
definición del actor por sí mismo; la oposición, en la cual su contradictor es
el Estado y la totalidad, es decir, una actividad reivindicativa con proyección
en el ámbito social. Según los tipos de relaciones, este movimiento sostiene
relaciones de articulación, de oposición y de exclusión.
De
articulación, en la medida en que en el transcurso de su historia ha creado formas
progresivas de coordinación, interlocución y adhesión a otros movimientos,
atrayendo especialmente a las organizaciones sindicales, a los grupos
eclesiásticos o al movimiento popular. De oposición, porque define una postura
indeclinable de rechazo a cualquier forma de abuso contra la vida humana, tanto
frente al Estado como ante los particulares y los grupos armados de izquierda o
de derecha. De exclusión, en cuanto a la actitud diferenciada de admisión de
sus miembros, de aceptación de alianzas y de evitar provocaciones provenientes
de sectores que pretenden silenciarlo.
La
labor de los Defensores de Derechos Humanos en Colombia, es un esfuerzo de
muchos sectores, que indica la existencia de un verdadero movimiento social,
con reconocimiento nacional e internacional; promueve y protege los Derechos
Humanos y a la vez a las víctimas de la violencia; ha tenido obstáculos en su
libre accionar. El conflicto armado
interno, el paramilitarismo, la impunidad, el desplazamiento forzado, esto les
ha impedido poder desarrollar su legítima labor con garantías a su integridad y
seguridad personal.
En Colombia
aún pesan persecuciones y hostigamientos.
No obstante, se lograron avances para esclarecer casos, identificar
situaciones y responsables. Las ONGs
superaron el campo de la denuncia contestataria y poseen actualmente una
actitud defensiva para examinar fórmulas concretas.
Según
el registro realizado por el Sistema de Información sobre Agresiones a
Defensores y Defensoras de Derechos Humanos -SIADDHH- del Programa No
Gubernamental de Protección a defensores y defensoras de derechos humanos -
Somos Defensores1, durante los tres primeros meses del año 2012, 64 defensores
y defensoras fueron víctimas de algún tipo de agresión que pone en riesgo su
vida e integridad y obstaculiza la labor legítima y legal de defensa de los
derechos humanos en Colombia. (PROGRAMA SOMOS DEFENSORES, 2012)
En conclusión podemos decir que los Defensores de Derechos Humanos
siguen siendo víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones
forzadas, agresiones, amenazas y hostigamientos, campañas de desprestigio,
iniciación de acciones judiciales, restricción al acceso de información en
poder del Estado, abusivos controles administrativos y financieros, detenciones
aparentemente sin investigación adecuada, robos de información e impunidad en
relación a quienes son autores de estas violaciones. [4]
“Si una idea deseamos dejar sembrada es que la lucha por los
derechos humanos en general, es la lucha de la gente por encarnar aquello que
hemos de llamar dignidad humana”
BIBLIOGRAFÍA
Romero, Flor Alba. El movimiento de
derechos humanos en Colombia. En: Aportes Andinos No.5. Quito: Universidad
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; Programa Andino de Derechos Humanos, marzo
2003. 7
Amnistía Internacional (2003), Actores
Esenciales de nuestro tiempo, los defensores de los derechos humanos en
Colombia AMR. 01/009/2003/s.
JIMENEZ
BAUTISTA, Francisco; GONZÁLEZ JOVES, Álvaro. revistaespaciospublicos@yahoo.com.mx. La negación del conflicto
Colombiano: un obstáculo para la paz. En Línea. En Espacios Públicos. Volumen
15, núm: 33. Enero-abril, 2012, pp. 9-34. Disponible en: http://www.redalyc.org/src/inicio/artPdfRed.jsp?iCve=67622579003. 13 de septiembre de 2012. ISSN
1665-8140
[1]Francisco Leal B., “Los
movimientos políticos y sociales. Un producto de la relación entre Estado y
sociedad civil”, Revista Análisis Político, No.13, IEPRI,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, mayo-agosto/1991, pp. 7-21.
[2]
Véase Capítulo 7, de Mauricio Archila Neira,
en "En busca de la estabilidad perdida", Francisco Leal (Compilador),
IEPRI, Bogotá, 1995.
[3] Véase
Leopoldo Múnera, "Rupturas y continuidades. Poder y movimiento popular en
Colombia 1968-1988", IEPRI, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de
Colombia, CEREC, Bogotá, 1998.
[4] Informe
anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Naciones Unidas, 31 de enero de 2012
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