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Agenda 7 El Ensayo "DEFENSORES Vs DEFENDIDOS"



“DEFENSORES Vs DEFENDIDOS”



HACIA UNA CONCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA



Miryam Restrepo Campuzano



Al momento de escoger un tema para realizar este ensayo, siempre estuvo en mi mente la situación de acoso que padecen los Defensores de Derechos Humanos, considero que son hechos de los que poco se habla, además de sentir admiración por quienes realizan la labor de abogar de manera conjunta y paralela los derechos humanos.

En el presente escrito se abordará la situación actual de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.

No se puede desconocer que Colombia es un país que se ha situado a la cabeza de los Estados violadores de los Derecho Humanos, cada día persiste con más fuerza un conflicto que se arrastra desde hace más de 40 años y que alcanza niveles altos de violencia contra la población civil, dirigida desde las estructuras del Estado y amparada por la absoluta impunidad con que actúan grupos paramilitares, guerrilleros y fuerza pública.

En este contexto de conflicto, tristemente hay que reconocer que las infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de todos los actores armados, se han convertido en una de las tácticas de guerra, donde sobresale en estos años la responsabilidad de los grupos paramilitares.  No es extraño, por tanto, que en tal contexto aquellos(as) que trabajan por defender los derechos humanos se conviertan ellos(as) mismos(as) en víctimas de la violencia.

Lamentablemente, la acción estatal para proteger a estos activistas de derechos humanos ha sido limitada e insuficiente. Vemos un Estado inoperante, que persigue y desaparece a defensores de derechos humanos, ataca ONG y desconoce normas y leyes que han sido creadas para defender a las personas de la opresión y el abuso que otros cometen en su contra.

Por su parte, la guerrilla ha desconocido el principio de distinción y de proporcionalidad, poniendo así en peligro a la población. Personas civiles han muerto en el fuego cruzado y en el uso frecuente de minas antipersonas, además, de la destrucción de viviendas luego de incursiones guerrilleras de carácter indiscriminado.

Para analizar esta situación, es importante hacer un recorrido desde el nacimiento de los Derechos Humanos hasta nuestros días:

Trayectoria del Movimiento de Derechos Humanos en Colombia.

a) Primera etapa: confrontación contestataria.
Los movimientos de Derechos Humanos en Colombia, surge a comienzos de los años 70, en una relación de conflictos abiertos con el Estado que se centra en la denuncia, la confrontación y la educación ante las violaciones de derechos cometidos por agentes estatales.  Se da inicio a las primeras ONG (Organizaciones No Gubernamentales), provenientes del movimiento popular y democrático de activistas, sindicales y de oposición con una actividad adelantada a través de foros nacionales e internacionales.

El conflicto armado interno que prevalece, se originó cuando se registraron huelgas obreras, tomas de tierra, protestas estudiantiles y paros cívicos por el derecho a los servicios públicos, la educación, la salud, la vivienda y se constituyó en insurgencia.  El Gobierno, fue indiferente y dio una respuesta represiva, se restringieron las libertades fundamentales, se otorgaron facultades al Poder Ejecutivo y se dieron poderes a las fuerzas armadas para controlar el orden público, juzgamiento de civiles por parte de autoridades militares, se adelantaron capturas sin orden judicial, se arrestaron dirigentes sociales con resultados de detenciones arbitrarias y masivas, torturas, restricciones a las garantías judiciales y al derecho al habeas corpus.

El 6 de septiembre de 1978, se adoptó el Estatuto de Seguridad, en el cual, se estableció nuevas conductas delictivas, se impusieron penas de arresto, prisión y se limitó la libertad de prensa, además, de dar vía libre para la implementación de la “guerra sucia”.  En este periodo se utilizó el artículo 28 de la Constitución Nacional de 1886, que autorizaba la retención administrativa de sospechosos contra el orden público hasta por 10 días.

Se destacan en esta primera etapa actividades como la publicación del Libro Negro de la Represión (1974), editado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el debate en el Congreso por la denuncia de tortura a detenidos en operaciones militares en Santander (1975), la campaña de acción urgente de Amnistía Internacional por torturas y no atención médica a detenidos políticos y la realización del 1er. Foro Nacional de Derechos Humanos (1978), en el cual se denuncian las violaciones dentro del Estatuto de Seguridad y da lugar, en 1979, a la creación del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

El espacio público para las ONG, era precario, debido a que no contaban con interlocución con las autoridades; el Estado no aceptaba los atropellos denunciados y el tema de Derechos Humanos fue considerado como prohibido, peligroso y subversivo, calificando a sus defensores como enemigos del Gobierno y apátridas.  Lo anterior, desconoció la Legislación Internacional de la Protección de Derechos Humanos ante la visita de Amnistía Internacional.

El presidente de la época Julio César Turbay negó los hechos violatorios y su ministro Hugo Escobar Sierra, señaló que amnistía Internacional violó la soberanía nacional.  Por su parte, esta ONG recomendó la abrogación de leyes que desfavorecían a los civiles y luchó por los derechos humanos en Colombia; por su parte, el Ejército Nacional se defendía ante las acusaciones y tildó las ONG de disociadoras.

b) Segunda etapa: El acceso a organismos internacionales y la nueva actitud del Gobierno
Amnistía Internacional, tiene estatus consultivo ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sus informes alertaron sobre la grave situación de los derechos humanos en Colombia.  Esta intervención propició esperanza en las ONG (Organizaciones No Gubernamentales), que se decidieron presentar casos ante la OEA (Organización de los Estados Americanos) y el Sistema Universal de las Naciones Unidas e influyó para que el Gobierno Colombiano iniciara algunos cambios de actitud frente al tema.

El presidente Belisario Betancur (1982-1986), reconoció la existencia de abusos y atropellos contra los Derechos Humanos en Colombia y abrió las expectativas para una negociación con la guerrilla.  Su actitud frente a las ONG fue diferente “El país no toma en serio la defensa de los derechos humanos”, dijo el Procurador.  Los militares hablaron del “Síndrome de la Procuraduría”, y señalaron que su intervención limitaba las acciones en este periodo.

Paradójicamente se disminuyeron los allanamientos y las detenciones forzadas pero aumentaron las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales; el fenómeno paramilitar se extendió y perpetuó los métodos de reprensión e impunidad, cosa que dificultó más el trabajo de los Defensores de Derechos Humanos.  Las ONG (Organizaciones No Gubernamentales), buscaron pruebas materiales para superar la impunidad.

c) Tercera etapa. La estatización del tema de los Derechos Humanos y la deliberación con las ONG

Mediante la Resolución 035 del 9 de septiembre de 1986, el entonces procurador General Carlos Mauro Hoyos, creó la Comisión de Derechos Humanos de la Procuraduría e invitó al Comité Permanente por la defensa de los mismos y a los Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADDES, a hacer parte de ella.  La Comisión recibió casos y trabajó puntualmente en el tema.

Luego del asesinato del Procurador Hoyos, asume la dirección Horacio Serpa Uribe, quien amplió la participación de las Organizaciones No Gubernamentales y las facultó para recibir quejas; también fueron invitados a participar del Comité de Solidaridad con los presos políticos, la Corporación Colectivo de Abogados, El Comité de Madres y Presos Políticos.
El Gobierno Colombiano comenzó a recibir fondos de las Naciones Unidas por servicio de asesoramiento técnico a través de las Organizaciones de las Naciones Unidos ONU y la Organización de los Estados Americanos OEA, las cuales dieron recomendaciones.

Al finalizar el período presidencial de Virgilio Barco, el procurador Alfonso Gómez Méndez amplió el número de participantes y creó comisiones regionales.  Este gobierno, aceptando la gravedad de la situación y ante la presión de la comunidad internacional, creó la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, mediante el Decreto 2211 del 8 de noviembre de 1987, como una instancia asesora del presidente en el diseño de políticas en materia de Derechos Humanos.

Los defensores y defensoras de derechos humanos son el núcleo del movimiento de derechos humanos en todo el mundo, constituyen la base sobre la que se apoyan las organizaciones y los mecanismos regionales e institucionales de derechos humanos; son “actores esenciales de nuestro tiempo”, la voz de los que no tienen voz, instrumentos vitales para salvaguardar los derechos de las víctimas y de la sociedad en general (Amnistía Internacional, 2003).

En Colombia los movimientos sociales buscan recuperar el espacio público y el de la ciudadanía, en un contexto donde el Estado bipartidista es débil a la vez que excluyente, donde los conflictos sociales se han desbordado y la violencia ha llegado a límites insospechados. Parte de estos movimientos sociales, el movimiento de los Derechos Humanos enfrenta diversos obstáculos: conflicto armado interno, paramilitarismo, impunidad, desplazamiento forzado, que dificultan el desarrollo de su labor.[1]

Se entiende por Movimiento Social aquellas acciones sociales colectivas, más o menos permanentes, orientadas a enfrentar injusticias, desigualdades ó exclusiones, es decir, que denotan conflictos y que tienden a ser propositivas. Todo ello en contextos históricos.[2]

Estos líderes representan una posibilidad de trabajar en la construcción de una democracia real y plantean soluciones como una forma de disminuir conflictos frente a los abusos de poder del Estado y su dinámica; enfrentado dos obstáculos considerables: recortes y limitaciones presupuestales y por otro lado, los riesgos que implican para la vida de los activistas.  A pesar de éstas dificultades cuyas consecuencias son devastadoras, han logrado movilizar a la opinión pública, obtener protección y colaborar en importantes desarrollos legislativos, incidir en la sensibilización y denunciar la situación de derechos humanos en nuestro territorio.

El movimiento de los Derechos Humanos comporta en su accionar los tres principios básicos de todo movimiento social: [3]La identidad, es decir, la definición del actor por sí mismo; la oposición, en la cual su contradictor es el Estado y la totalidad, es decir, una actividad reivindicativa con proyección en el ámbito social. Según los tipos de relaciones, este movimiento sostiene relaciones de articulación, de oposición y de exclusión.

De articulación, en la medida en que en el transcurso de su historia ha creado formas progresivas de coordinación, interlocución y adhesión a otros movimientos, atrayendo especialmente a las organizaciones sindicales, a los grupos eclesiásticos o al movimiento popular. De oposición, porque define una postura indeclinable de rechazo a cualquier forma de abuso contra la vida humana, tanto frente al Estado como ante los particulares y los grupos armados de izquierda o de derecha. De exclusión, en cuanto a la actitud diferenciada de admisión de sus miembros, de aceptación de alianzas y de evitar provocaciones provenientes de sectores que pretenden silenciarlo.

La labor de los Defensores de Derechos Humanos en Colombia, es un esfuerzo de muchos sectores, que indica la existencia de un verdadero movimiento social, con reconocimiento nacional e internacional; promueve y protege los Derechos Humanos y a la vez a las víctimas de la violencia; ha tenido obstáculos en su libre accionar.  El conflicto armado interno, el paramilitarismo, la impunidad, el desplazamiento forzado, esto les ha impedido poder desarrollar su legítima labor con garantías a su integridad y seguridad personal.

En Colombia aún pesan persecuciones y hostigamientos.  No obstante, se lograron avances para esclarecer casos, identificar situaciones y responsables.  Las ONGs superaron el campo de la denuncia contestataria y poseen actualmente una actitud defensiva para examinar fórmulas concretas.

Según el registro realizado por el Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos -SIADDHH- del Programa No Gubernamental de Protección a defensores y defensoras de derechos humanos - Somos Defensores1, durante los tres primeros meses del año 2012, 64 defensores y defensoras fueron víctimas de algún tipo de agresión que pone en riesgo su vida e integridad y obstaculiza la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos en Colombia. (PROGRAMA SOMOS DEFENSORES, 2012)

En conclusión podemos decir que los Defensores de Derechos Humanos siguen siendo víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, agresiones, amenazas y hostigamientos, campañas de desprestigio, iniciación de acciones judiciales, restricción al acceso de información en poder del Estado, abusivos controles administrativos y financieros, detenciones aparentemente sin investigación adecuada, robos de información e impunidad en relación a quienes son autores de estas violaciones. [4]



Si una idea deseamos dejar sembrada es que la lucha por los derechos humanos en general, es la lucha de la gente por encarnar aquello que hemos de llamar dignidad humana




BIBLIOGRAFÍA

Romero, Flor Alba. El movimiento de derechos humanos en Colombia. En: Aportes Andinos No.5. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; Programa Andino de Derechos Humanos, marzo 2003. 7

Amnistía Internacional (2003), Actores Esenciales de nuestro tiempo, los defensores de los derechos humanos en Colombia AMR. 01/009/2003/s.

JIMENEZ BAUTISTA, Francisco; GONZÁLEZ JOVES, Álvaro. revistaespaciospublicos@yahoo.com.mx. La negación del conflicto Colombiano: un obstáculo para la paz. En Línea. En Espacios Públicos. Volumen 15, núm: 33. Enero-abril, 2012, pp. 9-34. Disponible en: http://www.redalyc.org/src/inicio/artPdfRed.jsp?iCve=67622579003. 13 de septiembre de 2012. ISSN 1665-8140





[1]Francisco Leal B., “Los movimientos políticos y sociales. Un producto de la relación entre Estado y sociedad civil”, Revista Análisis Político, No.13, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, mayo-agosto/1991, pp. 7-21.
[2] Véase Capítulo 7, de Mauricio Archila Neira, en "En busca de la estabilidad perdida", Francisco Leal (Compilador), IEPRI, Bogotá, 1995.
[3] Véase Leopoldo Múnera, "Rupturas y continuidades. Poder y movimiento popular en Colombia 1968-1988", IEPRI, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Colombia, CEREC, Bogotá, 1998.

[4] Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Naciones Unidas, 31 de enero de 2012

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